El neurocirujano Juan Luis Maestro de Leon, acusado de estafar a un paciente de la sanidad pública, se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados. El facultativo se enfrenta a una petición de la fiscalía y la acusación particular decuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por negarse, presuntamente, a operar a su paciente, Justiniano Villarán, por la vía pública y cobrarle 8.000 por atenderlo en una clínica privada. Maestro de Leon ejercía en el hospital Mútua de Terrassa —centro financiado con fondos públicos pero que alberga una pequeña clínica privada— pero también tenía su consulta de pago. El caso de Villarán fue denunciado hace dos años por la ONG SICOM y avanzado por este diario.
Según el escrito de la acusación, el paciente acudió a la consulta de Maestro de Leon en Mútua de Terrassa en agosto de 2012 aquejado de un síndrome piramidal —el músculo del mismo nombre se contractura y comprime el nervio ciático— que le impedía realizar actividades cotidianas. El médico indicó al paciente que debía someterse a una intervención quirúrgica, pero le advirtió de que ese tratamiento no era posible practicarlo en el hospital público, dado que requería unas herramientas especiales que este no posee. La intervención por la vía privada y sus honorarios serían unos 9.000 euros, les avisó Maestro de Leon.“¡No opero esto por la Seguridad Social porque no me sale de los huevos!”, llegó a decir el facultativo, según recoge el escrito de acusación del abogado José Aznar, de la Asociación Defensor del Paciente. Villarán reveló en mayo de 2013 a través de SICOM que Maestro de León se negó a operarlo por la sanidad pública alegando que Mútua de Terrassa carecía de recursos para intervenir su dolencia, ya que el instrumental clínico necesario era suyo y no estaba dispuesto a ponerlo a disposición del centro público.
Por la operación, que se llevó a cabo en los quirófanos de titularidad pública de Mutua de Terrassa, el paciente pagó 6.000 euros al médico, 2.210 a la clínica y otros 506,26 por una resonancia magnética que se le practicó en la Clínica Dexeus.
En su declaración ante el tribunal, el neurocirujano ha negado que advirtiera al paciente de que la sanidad pública carecía de medios para operarle y ha afirmado que su decisión de ser intervenido por la privada fue "absolutamente voluntaria" para lograr una solución "rápida" a su dolencia. Según el acusado, en la visita en la que prescribió al paciente la operación se limitó a indicarle que en Mútua de Terrassa nunca antes se habían llevado a cabo intervenciones como la suya y que en la sanidad pública él no podía usar su instrumental y material quirúrgico propios. Pese a insistir en que nunca habló con el paciente de las listas de espera de la sanidad pública, el neurocirujano ha reconocido que el enfermo habría tenido que aguardar "un tiempo largo" antes de ser intervenido por la vía pública, teniendo en cuenta que su dolencia no es considerada urgente.
En su declaración en el juicio, tanto el paciente como sus familiares han ratificado que el médico les hizo creer que la operación no estaba cubierta por la sanidad pública y que, cuando una vez practicada la intervención le pidieron explicaciones, el neurocirujano les dijo que él no operaba en la pública "por sus huevos".
El acusado, por su parte, ha admitido que pudo contestar con "palabras gruesas" a los familiares del paciente, porque a su parecer entraron en una "dinámica de agresividad" ya que pretendían que el médico les emitiera una factura que después les fuera reembolsada por la Seguridad Social.
Además de los cuatro años de cárcel y de inhabilitación, la Fiscalía exige el pago de una indemnización de 8.716 euros al paciente estafado y de una multa de 4.500 euros.
